Documento de la Comisión de Transportes también acusa
al titular de la Autoridad Portuaria Nacional, Frank Boyle. Informe en
minoría los exculpa.
Martín Hidalgo Bustamante.
El grupo de trabajo especial de la
Comisión de Transportes aprobó su informe final donde indican que existen
indicios razonables de que el ex ministro de Transportes y Comunicaciones
Enrique Cornejo, el ex titular de Defensa
Jaime Thorne y el presidente de la
Autoridad Portuaria Nacional (APN),
Frank Boyle, habrían incurrido en infracción constitucional de los artículos 44, 163 y 165 de la
Constitución Política del Estado en la concesión del
Terminal Multipropósito del Callao.
Ante ello, la subcomisión recomienda derivar la acusación a la instancia correspondiente.
¿Pero en qué se basa la acusación a los dos ex ministros de
Alan García y el titular de la APN?
A SU CONVENIENCIA
Según las conclusiones de dicho grupo de trabajo, al que
La República tuvo acceso, el
Ministerio de Transportes y Comunicaciones realizó modificaciones al
Plan Nacional de Desarrollo Portuario sin respetar los procedimientos contemplados en la Ley 27943 y su respectivo reglamento.
"Los cambios sucesivos han tenido como propósito justificar las
privatizaciones de los terminales portuarios de Paita y el Callao", dice
el documento.
Asimismo, acusan a Enrique Cornejo y a Frank Boyle de emitir
decisiones normativas con el objeto de debilitar a la Empresa Nacional
de Puertos (ENAPU), favoreciendo así la transferencia al sector privado.
Mientras que al ex titular de la cartera de Defensa se le acusa
–junto a Cornejo y Boyle– por no tomar en consideración las
observaciones de la
Marina de Guerra trasmitidas a través del sector Defensa mediante el oficio Nº 431-2011-MIMDEF, del pasado 24 de marzo del 2011.
Estos mismos funcionarios –agrega el informe– tampoco tomaron en
cuenta la opinión desfavorable de la misma Marina que señala
expresamente que en salvaguarda del carácter estratégico de las áreas
acuáticas y terrestres para fines de defensa nacional, no se debía
"desafectar" el acceso a las áreas de
influencia a concesionarse en el Callao.
Además, en dicha concesión,
APM Terminal entregó
una oferta inicial por un monto de inversión de US$ 1.939 millones que
se transformó en un contrato final de US$ 749 millones por 30 años de
concesión.
TAMBIÉN EN PAITA
De otro lado, el informe final señala que
ProInversión
desnaturalizó la esencia del concurso de concesión modificando las
bases sustancialmente a través de 41 circulares en contra de los propios
objetivos de las bases, con el fin de favorecer a la empresa Terminales
Portuarios Euroandinos Paita.
"Cambiaron las bases para otorgar hasta tres prórrogas para la suscripción del contrato final de concesión", apuntan.
En su
mensaje a la Nación en el 2011, el presidente
Ollanta Humala prometió fortalecer
ENAPU como una "empresa eficiente". Una promesa que los gremios portuarios aún no han visto materializada.
TUBINO ACUSA DE PARCIALIZACIÓN
El congresista fujimorista Carlos Tubino presentó un informe en
minoría acusando que el resto de integrantes del grupo de trabajo (
Rogelio Canches, Enrique Wong y
Roberto Angulo) parcializaron la investigación.
Sostiene que en el caso de Paita la Quinta Fiscalía Provincial
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios archivó una
denuncia sobre las irregularidades.
En tanto, exige al
Poder Ejecutivo
definir el futuro de Enapu y a Ositran (el regulador) y elaborar un
informe técnico legal sobre el incumplimiento contractual de las
empresas APM Terminals y de TPE Euroandinos.
http://www.larepublica.pe/28-07-2012/ex-ministros-cornejo-y-thorne-incurrieron-en-infraccion-constitucional-en-concesion-de-los-puertos
