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| Raul Wiener autor del articulo. |
Publicado: Miércoles 12 de setiembre del 2012
Hace algunas semanas la Comisión de Transportes del Congreso (no la Megacomisión de Tejada), dispuso una investigación sobre los responsables de la privatización de los puertos de Paita y el Muelle Norte Callao, por existir suficientes indicios de diversas infracciones constitucionales y de favorecimiento a las empresas ganadoras de las licitaciones.
Entre los investigados figura el presidente de la Autoridad Portuaria Nacional APN, el almirante Frank Boyle Alvarado, que lleva poco más de siete años en el cargo y casi nueve en el directorio de una institución en cuyos estatutos se encuentra un artículo con el número 118 que a la letra dice “la designación de los miembros del directorio de las Autoridades Portuarias es por 5 (cinco) años, improrrogables…”.
El Almirante dice que a él lo han mantenido en su puesto los presidentes Toledo, García y Humala, lo que estaría probando su capacidad para la función. Pero aún si fuera cierto esto, de todas maneras se estaría violando la norma explícita aparentemente por ministros que no leen los reglamentos y por un alto funcionario que, como los de los 90, se cree irreemplazable.
Pero el caso es más serio cuando se contrasta con el hecho de que los años en los que la APN ha tenido el mismo presidente se han producido las oscuras privatizaciones que ahora investiga el Congreso.
Tómese nota de este dato curioso: en marzo del 2009 debía culminar el mandato de cinco años de Frank Boyle, pero el gobierno de la época hizo como si los plazos no estuvieran establecidos y dejó a la presidencia de la APN en el limbo.
Fue en esos días inciertos que se entregó Paita a un consorcio entre una empresa portuguesa y otra aparentemente peruana, cuyo directorio hasta poco antes incluía al propietario de uno de los principales grupos portuarios de Chile, nuestro mayor competidor comercial en el Pacífico Sur.
Poco después, tras los hechos consumados, se nombró al nuevo presidente de la APN para los siguientes cinco años que, sorprendentemente, era el anterior, el almirante Frank Boyle.
Como todo esto levantaba sospechas de haber sido maquinado para sacar adelante una privatización con ganador preestablecido, lo que ahora se investiga, hicimos dos notas de investigación cuestionando la ratificación de Boyle en el cargo y su responsabilidad en el caso Paita.
Por ello se me acusó junto al director del diario por delito contra el honor-difamación, sobre lo que acaba de resolver el Primer Juzgado Penal Transitorio de Lima, de cuyo fallo me he notificado ayer.
De la resolución judicial extraigo un solo párrafo: “…nos hallamos ante un supuesto de ejercicio del derecho de información, pues en la noticia emitida… predomina la relación de hechos, infiriéndose que en el presente caso, la conducta de los querellados no reviste un animus injuriandi, difamandi o la voluntad de calumniar, sino la intención de informar acerca del curso de las investigaciones…”
O sea, Boyle no es un intocable, no investigable o no opinable, sino un ser humano normal que debe responder por su responsabilidad pública ente el Congreso y el país.
http://www.diariolaprimeraperu.com/online/columnistas-y-colaboradores/el-fin-del-caso-boyle_119918.html
