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miércoles, 13 de enero de 2016

“Próximo gobierno debe ver concesión de Salaverry”

 Publicado en : La Republica.pe




Wilson Aranda Roncal
Trujillo

Tal parece que la concesión del puerto de Salaverry anunciada por el Gobierno central para junio de 2016 está contra el reloj y no cumpliría los plazos previstos, lo cual retrasaría el proceso hasta el próximo año.
El vocero del Frente de Defensa del Puerto de Salaverry, José Cabrera Casanova, recordó que en setiembre de 2015 la gestión del presidente Ollanta Humala contrató a la empresa española: Acciona S.A., que debió haber entregado los estudios de prefactibilidad el 31 de diciembre.
“Recién en enero de 2016 debe declararse de necesidad pública nacional la concesión del puerto Salaverry. Sin embargo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha anunciado este proceso para junio; es evidente que el tiempo ya no le da a la actual gestión para que hasta el término de su período pueda concesionar debido a que tiene que cumplir una serie de plazos legales”, expresó Cabrera.
En ese sentido, de ajustarse al cronograma, la concesión sería posible en febrero o marzo de 2017. “Por ello la concesión debe verla el próximo gobierno, salvo que Humala pretenda hacer lo mismo que el ex presidente Alan García con El Callao: emitir decretos de urgencia dando nuestro primer terminal marítimo a un solo postor”, refirió el dirigente.
Según el vocero del frente, hay un informe que asevera que las inversiones recién serían posibles a partir del cuarto año de la concesión, y que en los primeros años, así como en el puerto de Paita, solo van a maquillar el terminal portuario, van a hacer caja y obtener utilidades.
José Cabrera advirtió de un posible conflicto social. “Los trabajadores de la Empresa Nacional de Puertos del Perú (Enapu) estamos un poco protegidos, pero los estibadores, carreros, tarjadores que no pertenecen a Enapu simplemente no serán tomados en cuenta”, lamentó.
Agregó que ahí se puede desencadenar un grave conflicto social que debería ser resuelto antes de la concesión. “Estamos hablando de alrededor de 450 a 500 familias”, acotó.


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