Redacción: Margarita Rosa Vega
12:52 pm | 21 de enero 2019
Luego que el procurador Amado Enco presentó la denuncia contra el expresidente Alan García en la concesión del puerto de Paita, la fiscal Janny Sánchez lanzó el proceso de investigación. Y Alan se encuentra una vez más bajo la lupa de los Fiscales, pero esta vez no solo, sino con su séquito de ex ministros que le ayudó a que sus decretos de urgencia “se convirtieran en un patrón de políticas de Estado”.
Desde el martes 15 de enero, tras conocerse oficialmente la denuncia de la procuraduría anticorrupción por supuestas irregularidades en la concesión del puerto de Paita, el expresidente Alan García no se escapa no solo por la conexión del Puerto de Paita sino también por el del Callao.
El 2009 era la lucha contra el dilema geopolítico portuario del Perú y la privatización ilegal del Megapuerto de Enapu-Callao y en el que también cayó el Puerto de Paita. El congresista Manuel Dammert Ego Aguirre se convirtió en uno de los abanderados para paralizar la privatización de los puertos de Paita, Callao y Matarani que se habían trazado no solo el dictador Alberto Fujimori sino también Alejandro Toledo con su Ministro Pedro Pablo Kuczinynski y en especial Alan García que terminó entregando nuestro puerto a la empresa Terminales Portuarios, la única empresa postora.
La nueva investigación
La investigación, a cargo de la fiscal del sistema anticorrupción, Janny Sánchez Porturas, parte del hecho de lo sostenido por la procuraduría anticorrupción. El expresidente Alan García, sostiene la procuraduría anticorrupción, “tuvo el dominio de los funcionarios que desempeñaban cargos de confianza, a través del control de un aparato organizado de poder que encabezó, encubierto en una política de Estado de una supuesta promoción de la inversión del puerto de Paita”.En la investigación se incluye los nombres de Patricia Alarcó, Cayetana Aljovín, Mario Arbulú, Luis Carranza, Enrique Cornejo, Hernán Garrido Lecca, David Lemor, Verónica Zavala, entre otros funcionarios, a quienes la fiscal Janny Sánchez Porturas encuentra responsabilidad en la concesión del puerto norteño de nuestro país.
De acuerdo a la acusación del procurador anticorrupción Amado Enco, tanto los exministros como los exfuncionarios del segundo gobierno del expresidente Alan García dieron instrucciones de miras a llevar a cabo la concesión del Terminal de Paita. Beneficiaron, mediante decretos de urgencia, señala Amado Enco, a la compañía Terminal Portuarios Euroandinos.
Para el procurador anticorrupción los sectores relacionados al sistema portuario “generaron una serie de documentos, directivas, indicaciones para sacar adelante esta concesión”, antes de añadir que los decretos de urgencia “se convirtieron en un patrón de políticas de Estado”.
Según la denuncia de la Procuraduría, Anticorrupción, la concesión del Puerto de Paita realizada el 2009, estuvo plagada de irregularidades desde el diseño del proceso de adjudicación hasta firma del contrato con Terminales Portuarios Euroandinos Paita.
Las irregularidades
Entre las irregularidades destaca la emisión de normas y modificaciones de otras que permitieron que Terminales Andinos pudiera ganar siendo el único postor y obtuviera el respaldo y garantías del Estado a fin de que lograra el financiamiento que requería y que estaba obligado a poseer como licitador.Según el procurador Enco, García como jefe de Estado tenía el dominio e los funcionario que desempeñaban cargos de confianza, a través del control de un aparato organizado de poder que lideró encubierto en una política de Estado de una supuesta promoción de la inversión en el Puerto de Paita.
García había dado precisas instrucciones y emitido instrumentos de gestión como los decretos de urgencia para favorecer a Terminales Portuarios Euroandinos Paita.
La investigación incluye también el del Callao, y por esas adjudaciones el Estado habría sido perjudicado por un monto superior a los 292 millones de dólares. En tanto, el procurador Enco explicó que, a través de la promulgación de decretos de urgencia inconstitucionales, García Pérez y su gabinete impulsaron la concesión del citado puerto piurano.
“Hay elementos suficientes que comprometen al expresidente de la República (García). Ha generado un gran perjuicio económico al Estado. Desde el Ejecutivo, García y los ministros encargados de las carteras que comprometen el sistema portuario generaron una serie de documentos, directivas, indicaciones para sacar adelante esta concesión”, manifestó.Asimismo, Enco sostuvo que “en la época de García, los decretos de urgencia se convirtieron en un patrón de políticas de Estado que fueron discutidos y aprobados en el mismo seno de las reuniones del Consejo de Ministros”.
El caso es complejo porque requiere un alto análisis financiero para establecer cómo el Estado terminó perjudicándose tras favorecerse a la empresa Consorcio Terminales Portuarios Euroandinos Paita.
Más datos
Según la investigación del congresista Dammert, Alan García dipo otyro paso antinacional con la con la privatización del Puerto de Paita, imponiendo un modelo subsidiado por el estado y los tarifazos a los usuarios nacionales por 20 millones de dólares anuales de alzas en las tarifas sin invertir un solo dólar.“Gracias a los faenones de la privatización logró imponer monopolios naviero portuarios en los puertos de Paita (norte) y Matarani en el sur. Además anuló las perspectivas interoceánicas que tenía el Perú, subordinándolas a su estrategia de control naviero y esquilmado a los usuarios peruanos”, señalaba hace diez años Dammert.El “paitazo se dio es decir establecieron un modelo de gestión portuaria con subsidio de los usuarios y el Estado a favor el Monopolio privado.
Hasta ese momento los empresarios y agroexportadores, los de la Cámara de Comercio de Piura apoyaban la política de modernización de los puertos de Alan García, se paseaban por los medios de comunicación para intentar silenciar a los periodistas, que se habían empoderado de la información sobre los contratos de concesión y que incluso tuvo varias versiones que no eran nada más que cambios de capítulos de unas páginas por otras.
El silencio que intentaban imponer se hacía con la desinformación, pues jamás leyeron los contratos ya que estos eran muy voluminosos. El poder económico por supuesto dominaba en esa época pues contaba no solo con el empresariado sino también con los mismos congresistas que aparentaban apoyar al gremio de los pescadores paiteños cuando sus políticas son como las de ahora y de siempre del fujimorismo.
Cuando ya todo estaba consumado y empezaron a funcionar, la cosa fue cambiando para los empresarios, especialmente cuando entró en vigencia el tarifazo. “Cuando les rompieron el bolsillo recién se mueven y llamaban a la prensa para que los apoyara, allí no éramos antisistema ni comunistas, allí apelaban a que hiciéramos campaña porque les afecftaba sus bolsillos”, como se lo dije al entonces presidente del Directorio de la Cámara de Comercio.
Débil defensa
En su Webb la excongresita Fabiola Morales escribe que durante su intervención en la sesión ordinaria de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, donde se tocó el problema del alza de las tarifas en el puerto de Paita, a pedido de la Congresista piurana., no se presentaron los representantes de Proinversión y la Autoridad Portuaria.Morales Castillo dijo que le parecía inaudito que la madre del cordero, es decir Proinversión, no se haya hecho presente ante esta Comisión, “en primer lugar porque una citación ante el Congreso de la República es más importante que cualquier compromiso adquirido y en segundo lugar porque están faltando el respeto a todos los representantes de las partes implicadas, muchos de los cuales viajaron desde Piura para asistir a la sesión” añadió la parlamentaria.
“Yo he sido absolutamente clara con respecto a la concesión. He defendido y defiendo este modelo porque creemos que es una vía de desarrollo sostenible ya que nuestro Estado no está en capacidad de mejorar la infraestructura, pero estas concesiones deben hacerse pensando en el beneficio del país, no vaya a ser que estas políticas erradas terminen beneficiando a los puertos del Ecuador”, señaló.Pidió que los representantes de Terminales Portuarios Euroandinos TPE muestre los contratos que dicen han firmado con los estibadores y los demás trabajadores portuarios informales que trabajaban con ENAPU y que ahora se han visto desplazados.
http://eltiempo.pe/alan-garcia-una-vez-mas-bajo-la-lupa-de-la-fiscalia/
