Publicado en Peru21.pe / Lima-Perú
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Procuraduría denunció a Alan García por concesión de puerto de Paita. (GEC) |
Amado Enco dijo que
la denuncia también alcanza a los ex ministros Enrique Cornejo, Martín
Carranza, Verónica Zavala, Lucía Cayetana Aljovín, Mario Arbulú, Hernán
Garrido y David Lemor.
La Procuraduría Anticorrupción, que presideAmado Enco , denunció al ex presidente Alan García por presuntas irregularidades en la concesión del puerto de Paita.
La denuncia también alcanza a los ex ministros Enrique Cornejo, Luis
Martín Carranza, Verónica Zavala, Lucía Cayetana Aljovín, Mario Arbulú,
Hernán Garrido, David Lemor, Patricia Alarcón, entre otros. El delito que se les atribuye es por colusión agravada.
Enco
explicó que a través de decretos de urgencia inconstitucionales García y
lo ministros impulsaron la concesión del citado puerto.
“Hay elementos suficientes que comprometen al ex presidente de la República (García). Ha generado un gran perjuicio económico. Desde
el Ejecutivo, García y los ministros encargados de las carteras que
comprometen el sistema portuario generaron una serie de documentos,
directivas, indicaciones para sacar adelante esta concesión”, sostuvo.
En esa misma
línea, el procurador dijo que el caso es complejo porque tiene un alto
análisis de carácter financiero para poder establecer porque el Estado
terminó perjudicándose económicamente y favoreciendo a la empresa
Consorcio Terminales Portuarios Euroandinos Paita.
En declaraciones a la prensa, la defensa del Estado agregó que “en
la época de García los decretos de urgencia se convirtieron en una
política de Estado que fueron discutidos y aprobados en el seno de las
reuniones del concejo de ministros”, indicó.
La Fiscalía Anticorrupción debe calificar en los próximos días si abre o no investigación.
Erasmo Reyna, abogado de García, dijo a Perú21 que se trata de una denuncia sin ningún fundamente y que su patrocinado actuó de acuerdo a ley. “Es una salvajada jurídica. Aún no hemos sido notificados”, remarcó.
Erasmo Reyna, abogado de García, dijo a Perú21 que se trata de una denuncia sin ningún fundamente y que su patrocinado actuó de acuerdo a ley. “Es una salvajada jurídica. Aún no hemos sido notificados”, remarcó.